Los alumnos madrileños de primaria empiezan el curso el 10 de septiembre. A partir de octubre, los comedores escolares abren sus puertas con una novedad: las familias que quieran podrán mandar a sus hijos con una tartera de casa. Pero, ¿quién vigilará a esos chicos y su comida? ¿Cómo se gestionará el servicio? ¿Los padres tendrán que pagar? Todavía no se sabe. La Consejería de Educación ha anunciado varios cambios a lo largo del verano. El último, que ha avanzado este lunes la presidenta Esperanza Aguirre, es que sean los profesores quienes hagan esa función para así “reducir al máximo” la posible cantidad que tengan que abonar las familias.
El pasado julio, la Comunidad de Madrid recortó 28 millones de ayudas para becas de comedor y libros en la revisión del presupuesto de 2012. Los 29,3 millones reservados a comedor el curso pasado, que se repartieron entre 112.000 niños, se reducen en un tercio. Aún no se ha publicado la orden para que las familias soliciten las ayudas para este curso, pero Educación ya ha confirmado que dispondrá de “entre 16 y 18 millones”.
La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, señaló en julio que las becas son “amplias” para cubrir a las familias perceptoras de la renta mínima de inserción, a las que tienen a la madre y al padre en paro, o a un miembro en desempleo de larga duración y a un número “suficiente” de hogares con rentas bajas. El precio mensual del comedor ronda los 90 euros.
Ante el recorte de ayudas y como alternativa a la crisis económica, Madrid se apuntó a la iniciativa de otras comunidades autónomas y permitió la entrada de las tarteras. Cataluña, por ejemplo, anuncia que los alumnos con tupper pagarán hasta tres euros al día. Valencia fija el máximo en 1,45 euros. El precio del menú escolar ronda los cinco euros. Madrid no ha establecido ninguna horquilla. Preparó una orden que aún no se ha publicado y cuyo borrador dejaba en manos de cada consejo escolar la decisión sobre la cuantía por uso de instalaciones y supervisión de monitores.
Según la Consejería de Educación, todos los centros públicos madrileños con comedor incluyen esa vigilancia. Aguirre ha visitado este lunes las obras de ampliación del colegio público Josep Tarradellas, en Las Tablas. Allí ha asegurado que para su Gobierno ha sido una “sorpresa” conocer que parte del coste del servicio de comedor proviene del control a los alumnos. Lucía Figar, que también desconocía hasta “hace unos meses” ese particular, ha añadido que tiene que revisar los contratos entre los centros y las empresas de cátering para buscar una solución, que puede llegar con el curso empezado o en el siguiente.
Según sus estimaciones, la mitad del precio del menú (2,5 de cinco euros) corresponde a los alimentos y el resto se reparte entre elaboración y vigilancia, sin que Educación haya facilitado la cifra concreta. Tampoco aclara si hay que revisar o modificar alguna normativa para que los profesores asuman esa tarea.
CC OO y UGT remiten a una orden ministerial de 1994 que regula la organización y el funcionamiento de los centros de infantil y primaria. Los maestros trabajan 37,5 horas semanales, de las que oficialmente pasan 30 en el centro y el resto fuera corrigiendo exámenes o preparando clases. De ellas, 25 son lectivas y las otras cinco se destinan a actividades complementarias, recogidas en la orden. El documento cita varias, entre las que no se encuentra la vigilancia de los menores en el comedor: entrevistas con los padres, asistencias a reuniones, perfeccionamiento e investigación, entre otras.
La propuesta de Aguirre “no tiene respaldo legal”, según Eduardo Sabina (UGT), que tilda de “ocurrencia” el anuncio regional. “Abre unas posibilidades tremendas: ¿También quiere que el profesor coja el mocho y limpie?”, añade. Paco García (CC OO) asegura que hace “más de 30 años que los profesores dejaron de vigilar el comedor porque no era una labor educativa”. García anuncia que su sindicato acudirá “a los tribunales y a la calle” para rechazar esta modificación si se lleva a cabo.
Publicado en EL PAÍS
El pasado julio, la Comunidad de Madrid recortó 28 millones de ayudas para becas de comedor y libros en la revisión del presupuesto de 2012. Los 29,3 millones reservados a comedor el curso pasado, que se repartieron entre 112.000 niños, se reducen en un tercio. Aún no se ha publicado la orden para que las familias soliciten las ayudas para este curso, pero Educación ya ha confirmado que dispondrá de “entre 16 y 18 millones”.
La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, señaló en julio que las becas son “amplias” para cubrir a las familias perceptoras de la renta mínima de inserción, a las que tienen a la madre y al padre en paro, o a un miembro en desempleo de larga duración y a un número “suficiente” de hogares con rentas bajas. El precio mensual del comedor ronda los 90 euros.
Ante el recorte de ayudas y como alternativa a la crisis económica, Madrid se apuntó a la iniciativa de otras comunidades autónomas y permitió la entrada de las tarteras. Cataluña, por ejemplo, anuncia que los alumnos con tupper pagarán hasta tres euros al día. Valencia fija el máximo en 1,45 euros. El precio del menú escolar ronda los cinco euros. Madrid no ha establecido ninguna horquilla. Preparó una orden que aún no se ha publicado y cuyo borrador dejaba en manos de cada consejo escolar la decisión sobre la cuantía por uso de instalaciones y supervisión de monitores.
Según la Consejería de Educación, todos los centros públicos madrileños con comedor incluyen esa vigilancia. Aguirre ha visitado este lunes las obras de ampliación del colegio público Josep Tarradellas, en Las Tablas. Allí ha asegurado que para su Gobierno ha sido una “sorpresa” conocer que parte del coste del servicio de comedor proviene del control a los alumnos. Lucía Figar, que también desconocía hasta “hace unos meses” ese particular, ha añadido que tiene que revisar los contratos entre los centros y las empresas de cátering para buscar una solución, que puede llegar con el curso empezado o en el siguiente.
Según sus estimaciones, la mitad del precio del menú (2,5 de cinco euros) corresponde a los alimentos y el resto se reparte entre elaboración y vigilancia, sin que Educación haya facilitado la cifra concreta. Tampoco aclara si hay que revisar o modificar alguna normativa para que los profesores asuman esa tarea.
CC OO y UGT remiten a una orden ministerial de 1994 que regula la organización y el funcionamiento de los centros de infantil y primaria. Los maestros trabajan 37,5 horas semanales, de las que oficialmente pasan 30 en el centro y el resto fuera corrigiendo exámenes o preparando clases. De ellas, 25 son lectivas y las otras cinco se destinan a actividades complementarias, recogidas en la orden. El documento cita varias, entre las que no se encuentra la vigilancia de los menores en el comedor: entrevistas con los padres, asistencias a reuniones, perfeccionamiento e investigación, entre otras.
La propuesta de Aguirre “no tiene respaldo legal”, según Eduardo Sabina (UGT), que tilda de “ocurrencia” el anuncio regional. “Abre unas posibilidades tremendas: ¿También quiere que el profesor coja el mocho y limpie?”, añade. Paco García (CC OO) asegura que hace “más de 30 años que los profesores dejaron de vigilar el comedor porque no era una labor educativa”. García anuncia que su sindicato acudirá “a los tribunales y a la calle” para rechazar esta modificación si se lleva a cabo.
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