miércoles, 29 de mayo de 2013

Lucía Figar miente otra vez



Lucía Figar miente (otra vez) al afirmar que en Madrid no darán clase aquellos profesores que no hayan aprobado la oposición. Algunos profesores tendrán asegurado su puesto sin siquiera haberse presentado a ella ni por tanto haber demostrado su valía de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que tanto alardea de promocionar la Consejera Figar.


Estas son ofertas de trabajo publicadas en Mayo de 2013 en la edición digital del diario The Guardian destinadas a licenciados en universidades del Reino Unido (ni siquiera se requiere que sean "nativos") para dar clase en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. 

De nuevo a estos profesores ni se les exige aprobar una oposición ni superar prueba objetiva alguna; ni siquiera han de demostrar tener unos conocimientos mínimos de castellano que les permitan comunicarse con las familias o entender y atender las necesidades de sus alumnos. 

Juzguen ustedes si estas contrataciones respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad con respecto a los profesores interinos españoles que están siendo expulsados de los centros educativos, con gran perjuicio para la calidad de la educación que en ellos se ofrece, por las políticas de recortes y los cambios arbitrarios en el sistema de baremos de las oposiciones en los que ya no se tendrá en cuenta su experiencia docente.


Requisitos que deben cumplir los aspirantes para acceder a la oferta de empleo anunciada en The Guardian:


  • Título de licenciado por una universidad de habla inglesa.
  • Máster en Educación.
  • Cualificación profesional para profesorado en el Reino Unido (QTS).
  • Certificado británico oficial de prácticas (Induction Certificate)
  • Experiencia reciente en el campo de la enseñanza. 


Se da la paradoja de que para un profesor español que haya completado sus estudios en una universidad británica es posible optar a esta oferta de trabajo, no así para un profesor español que haya cursado sus estudios en una universidad española. 

¿Acaso podría un profesor español dar clase en una escuela o instituto del Reino Unido con las titulaciones expedidas en España y tener además preferencia en la contratación? La respuesta es: por supuesto que no.

A un profesor español se le exigirían la misma cualificación profesional y en las mismas condiciones que al profesorado del Reino Unido para poder dar clase en ese país.
Curiosamente la experiencia docente ya no se valora en el caso de los profesores interinos españoles, mientras para los profesores extranjeros contratados sin oposición es un requisito indispensable. 

También vemos cómo para trabajar en colegios e institutos públicos bilingües no se requiere ser hablante nativo de inglés sino tener un título expedido por una universidad de habla inglesa. ¿Para qué sirven entonces los títulos universitarios y de idiomas expedidos por las universidades españolas y las Escuelas Oficiales de Idiomas y reconocidos por el Ministerio de Educación?

A los profesores contratados en el Reino Unido no se les exige ningún tipo de conocimiento de lengua castellana mientras a los maestros y profesores españoles se les exige un certificado de inglés como mínimo de nivel B2 para poder cursar un máster en Educación.

Estas ofertas de empleo parecen transgredir todos los principios de igualdad, mérito y capacidad imaginables en nuestra legislación.


Oferta de trabajo "Music Teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4618485/music-teachers/




Oferta de trabajo "Design and Technology teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4616801/design-and-technology-teachers/




Oferta de trabajo "Art Teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4616807/art-teachers/




Gabbitas Education http://jobs.guardian.co.uk/employer/200954/gabbitas-educational-consultants/ es la empresa intermediaria en estas ofertas de trabajo que además incluyen profesores de Educación Física.



Por último, no es un tribunal de oposición sino Gabbitas Educational Consultants "Global Experts in British Independent Education", una empresa, la encargada de la selección de personal docente.

¿Por qué una consultora privada especializada en enseñanza privada actúa como intermediaria en la contratación profesores para centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto cobra por su gestión? ¿Quién lo paga?

domingo, 26 de mayo de 2013

En defensa de la Educación Pública


Hay un discurso demagógico que se ha instaurado como verdad indiscutida: que la educación en España es de las peores del mundo, que tanto PISA como la OCDE dejan a nuestra enseñanza fatal, que la culpa es de las sucesivas reformas o de los inmigrantes, o de las autonomías, o del bilingüismo, o de los funcionarios, que son unos vagos, que falta autoridad… Sencillamente, todos estos populares tópicos no son verdad: no es eso lo que dicen los informes internacionales, que pintan un panorama bastante más optimista que esa negra caricatura que tanto ha calado en la sociedad.

No se lo van a creer, pero lo que realmente demuestran los informes de la OCDE es que somos el país del mundo donde más ha mejorado el nivel educativo de la población durante el último medio siglo, solo por detrás de Corea del Sur e Irlanda. A veces se nos olvida, pero España viene de una dictadura y de un retraso económico, social y cultural que no se arregla ni en una generación ni en dos. Después de un avance espectacular en estas últimas décadas, los alumnos españoles están hoy en la media de los países desarrollados, ni mucho mejor ni mucho peor. Es un error interpretar los datos de PISA como una clasificación deportiva. Hay tan poca distancia entre unos países y otros que el orden casi carece de importancia: es como una carrera ciclista que entra en meta agrupada y donde los alumnos españoles no van a la cola, sino en el grueso del pelotón. Como explica el sociólogo José Saturnino Martínez, «si convirtiésemos las puntuaciones de PISA en estatura, y la media de la OCDE fuese 1,80 metros, España tendría una altura de 12 milímetros menos». Es casi el margen de error. Las distancias son tan cortas que «si Castilla y León y La Rioja fueran un país, serían el cuarto europeo en PISA, solo por detrás de Finlandia, Estonia y Holanda», asegura otro especialista en educación, el sociólogo Julio Carabaña.

Por mucho que se empeñen los apocalípticos, la educación española no es un desastre, aunque tenga algunas cosas donde mejorar. El auténtico punto negro del modelo es el llamado fracaso escolar, pero no tiene nada que ver ni con los docentes ni con su autoridad ni con las autonomías. España sale mal clasificada porque medimos el abandono de los estudios con criterios distintos del resto de la OCDE, porque la ley impide a los alumnos sin título de la ESO seguir cursando estudios -algo que no sucede en casi ningún otro país- y porque en esto también se notó la burbuja inmobiliaria, que empujó fuera de clase a muchos jóvenes que ganaban en el ladrillo mucho más que el profesor. La gran lección de PISA es otra: la relación tan cercana que hay entre desigualdad económica y educación. De poco sirve mejorar la escuela si hay familias que no se pueden permitir ni el tupperware.


Ignacio Escolar

Wert o desprestigia cuanto puedas: salen a la luz algunas de las mentiras y medias verdades que el gobierno ha empleado en su acoso y derribo a la Educación Pública



El ministro Wert no consiguió su nombramiento por su papel de contertulio sino por colaboraciones con la FAES de Jose María Aznar donde ya proponía un cambio total en el modelo educativo, se lamentaba de la abundancia de becas universitarias y manifestaba su preocupación por la escasa religiosidad de la sociedad española, especialmente los jóvenes. Con esos magníficos avales le encomendaron la tarea de reformar, cristianizar y españolizar el sistema educativo aprovechando que la crisis es una oportunidad única para cambiar las reglas de juego sociales.

Sin embargo, esta tarea no se hubiera podido culminar si desde hace años, la derecha política española y todos los think tank que las envuelven, no hubiesen conseguido desprestigiar la escuela pública, sus resultados y caricaturizar sus problemas.

Mutilaron y manipularon informes como el PISA o el de la OCDE para presentar la cara más oscura de la enseñanza española. Ocultaron celosamente todos sus éxitos y consiguieron que la palabra educación se impregnara del concepto de fracaso, error y conflicto.


La enseñanza en España necesita cambios en profundidad, sin duda. Especialmente la educación secundaria necesita encontrar nuevos caminos y mejoras, pero no todo lo existente ni los valores del modelo actual están caducos y fracasados, sino más bien faltos de desarrollo y de aplicación.

Para sacudirnos tanto prejuicio y mentira, nada mejor que ver la evolución de la enseñanza española. Según afirman los estudios de la OCDE el punto de partida de la educación en España era el más penoso de Europa. Al inicio de la democracia solo el 17% de los adultos tenía estudios equivalentes a secundaria. En estos momentos es el 64% de la población quien ha conseguido ese nivel.

Por si alguien argumenta que nos hemos ido demasiado lejos, la OCDE en el último informe aplaude el salto que se ha producido en la enseñanza entre los años 2000 y 2010 en los que se ha recortado la diferencia con el resto de los países de 11 a cuatro puntos en el nivel educativo del conjunto de la población. Si en estos años no se hubiese producido el auge del ladrillo, con la nefasta consecuencia de sacar de las aulas a miles de jóvenes, nuestro nivel estaría completamente equiparado a nuestro entorno.
El sistema educativo español, con todos sus defectos, es actualmente uno de los primeros del mundo en equidad y uno de los más potentes en facilitar la movilidad social. La mitad de los estudiantes españoles superan el nivel educativo de sus padres, en muchos casos en varios escalones y este es el mejor indicador de su éxito. En el caso de Andalucía, por aproximación, podemos estimar que más del 65% de los jóvenes superan educativamente a sus padres. Todo un motivo de orgullo y un ejemplo de superación, porque los déficits culturales tardan mucho tiempo en ser superados.

Por si no fuera suficiente, tenemos el mayor índice de escolarización infantil del mundo que dará sus frutos en el futuro, si es que no desaparece antes. Tenemos una población universitaria amplia, bien formada y con titulaciones apreciadas en el mundo entero. Resulta infame el desprestigio al que se quiere someter la comunidad universitaria y el recorte a sus estudios. Finalmente tenemos un núcleo de problemas en los estudios medios y en la recuperación de los estudiantes que abandonaron las aulas que deberíamos haber afrontado con decisión e imaginación.

Incluso en estos años de crisis, de malas noticias imparables, la educación se ha superado a sí misma, ha aumentado el éxito escolar casi diez puntos y ha rescatado miles de jóvenes para la formación y el futuro.
El complejo de inferioridad, la falta de compromiso y de proyecto educativo de la izquierda, en general, han paralizado las iniciativas de cambio y han defraudado a un profesorado convertido en rompeolas de todos los conflictos sociales. Ahora la derecha española ha cubierto este hueco con un proyecto educativo cuyo santo y seña es la religión, la segregación y la privatización. Por cierto que en España, estas tres palabras son una sinonimia casi perfecta.


Concha Caballero en EL PAÍS

viernes, 24 de mayo de 2013

Los decanos de Educación ven un retroceso en la LOMCE


La Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, Pedagogía y Educación Social ha elaborado un documento en el que critican que el proyecto de Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad en Educación (LOMCE) "retrotrae al pasado", promueve la "segregación temprana" del alumnado y deja "claramente en suspenso" la perspectiva de la inclusión y de la "escuela para todos".

En el texto, consensuado en una reunión en la Universidad Autónoma de Madrid, los decanos dicen tener "la seguridad de que el adelanto de la elección de los itinerarios en la ESO contribuirá a segregar de manera temprana al alumnado" y recuerda que, según la OCDE, "la segregación temprana eleva el fracaso escolar".

Asimismo, afirman que el modelo alemán en el que se inspira este adelanto de itinerarios "ha demostrado en sus 4 primeros años de escolarización unos resultados en las pruebas PISA más normales que extraordinarios" y, por ello, ya se han creado "otro tipo de colegios" donde no hay elección hasta los 16 años. Además, recuerdan que Noruega, que destaca en PISA, no adelanta tanto los itinerarios.

En cuanto a las materias, los decanos sostienen que una ley orgánica "no puede obviar el debate serio sobre los contenidos escolares y, en esta, no sólo no se hace, sino que retrotrae a otros tiempos pasados sin ningún tipo de aclaración ni discusión pedagógica".

"Nos mostramos en completo desacuerdo con que en educación primaria, el estudiante tenga que elegir como asignaturas específicas obligatorias entre Educación artística y Segunda Lengua extranjera, lo que puede implicar (...) que un alumno concluya la Educación Primaria sin tener ningún tipo de formación artística o formación en una Segunda Lengua Extranjera", denuncian los expertos.

El documento también hace referencia a la propuesta de evaluaciones externas en Primaria, Secundaria y Bachillerato, para denunciar que este tipo de pruebas implican una "concepción claramente selectiva en relación a los estudiantes" que identifica "el rendimiento personal con el aspecto básico y fundamental de su desarrollo".

"La perspectiva de la compensación de las desigualdades, de la escuela para todos, de la atención a la diversidad y la inclusión educativa que ha formado parte del discurso y el pensamiento de los docentes queda claramente en suspenso con esta ley", afirman los decanos de Educación.

En este sentido, se refieren a la educación diferenciada porque consideran que "desde un punto de vista científico, académico y social, tal planteamiento no es asumible y presenta muchos más perjuicios que hipotéticos beneficios".

Por otra parte, critican que "la propuesta de ley entremezcla argumentos de carácter político, económico y educativo sin fundamentar una conexión pedagógica razonada entre los mismos" ya que, en su opinión, se propone una norma "divergente respecto a los modelos pedagógicos más avanzados y que mejores resultados obtienen" del entorno de España.

"Consideramos imprescindible emplear el esfuerzo necesario para obtener un acuerdo que no puede, ni debe, construirse desde el enfrentamiento entre las fuerzas políticas representadas en nuestro parlamento, ni desde el desacuerdo de las mismas con los representantes de la comunidad educativa. Reclamamos la necesidad de un diálogo y un acuerdo que proporcione a nuestro sistema educativo de la necesaria estabilidad normativa", reza el texto de los responsables universitarios de Educación.

jueves, 23 de mayo de 2013

Spot promocional de la LOMCE. Gobierno de España. A tu lado.

Una provocación más de la Consejera de Educación y del Consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid





Tras el nuevo Decreto de Interinos, que dejará de reconocer la experiencia como mérito baremable en las oposiciones docentes y que presumiblemente supondrá el despido de cientos de maestros y profesores con años de servicios prestados en las aulas madrileñas, esto es todo lo que se les ocurre a quienes han convertido un proceso selectivo público en la herramienta perfecta para llevar a cabo un ERE encubierto de docentes. 
Se lo recordaremos en las urnas. 

PP= ENEMIGOS DE LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.


Profesores interinos que vestían camisetas verdes son expulsados del Pleno de la Asamblea de Madrid

El presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha expulsado del pleno de la Cámara a un grupo de siete profesores interinos que vestían camisetas verdes y portaban esparadrapo en la boca a modo de mordazas.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, durante una pregunta del diputado socialista Eusebio González Jabonero, sobre la selección de interinos en la Comunidad de Madrid, el presidente de la Cámara ha reclamado a estas siete personas que abandonaran el pleno, cosa que han hecho entre los aplausos de diputados del PSOE e IU.

En su intervención, la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, ha dicho que "las oposiciones se aprueban estudiando no poniéndose camisetas verdes para venir a la Asamblea".


Lucía Figar no solo no ha aprobado jamás una oposición ni ha trabajado nunca fuera del Partido Popular sino que además en su currículum ninguna formación ni titulación específica avala su cargo como Consejera de Educación. 

lunes, 20 de mayo de 2013

¿Vuelta al nacional-catolicismo?


Hace tiempo que aprendimos la amarga lección de que las sociedades no avanzan siempre. Se producen frenazos y regresiones en los derechos humanos, en las mejoras sociales, en la convivencia, en el desarrollo del grado de civilidad. Hoy en España hay retrocesos en el orden económico y social con la aplicación de políticas de ajuste que conducen al país al desastre económico y social: empobrecimiento, paro masivo, precariedad, desahucios, pérdida de derechos sociales históricos.

En el terreno de las libertades lo estamos viviendo con un aumento de la represión y el endurecimiento de las leyes penales. Gallardón, que se está mostrando como un campeón del pensamiento reaccionario, ha elaborado un Código Penal que es “el más represivo de la historia de la democracia”, según denuncia Jueces para la Democracia. Por no hablar de su retrógrada reforma del aborto no apoyada ni por todos los suyos. No es el único. El ministro del de Interior se atreve a comparar con ETA a las mujeres que se ven obligadas a abortar, o afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo conduce al final de la especie. Burradas que demuestran el integrismo religioso de quien las dice, pero lo inquietante es el poder político de estos personajes.

El hilo conductor de las llamadas “leyes ideológicas”, como el aborto o la LOMCE, es la influencia en ellas de los obispos españoles y los sectores neointegristas. Tanto es así que la situación es un revival del nacional-catolicismo, como demuestra la estrecha relación entre la Iglesia y el Gobierno, y el peso que ésta tiene en los asuntos públicos y privados. Una parte importante de ese nacional-catolicismo es reafirmar el mito de que España es un país católico por naturaleza para justificar los enormes privilegios de la iglesia.

Pero la sociedad va por delante de las leyes. La lógica secularización de la sociedad española hace que, por ejemplo, los porcentajes de quienes reclaman una enseñanza confesional caigan año tras año. En los centros públicos, ya no son mayoría, ni en la ESO (40,6%), ni en el Bachillerato (25,6%); sólo ocurre en Primaria que, en el curso 2009-10, lo solicitaba un 68,6%. Esta tendencia seguirá a la baja. Para intentar frenar esta caída, veamos las concesiones que la LOMCE ha realizado a la jerarquía eclesiástica:
Fortalecimiento de la Religión como asignatura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento por varias vías: obligando a una alternativa exigente, que disuada del abandono de religión; y contando como nota para hacer medias académicas y para acceder a becas, algo que no sucedía desde hace un cuarto de siglo. Es un disparate equiparar Religión, por ejemplo, a matemáticas cuando su enseñanza no está basada en conocimientos científicos. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación para poner un alumno un 5 o un 8 en Religión?
Supresión de Educación para la Ciudadanía. La derecha y el neointegrismo arremetieron contra ella con gran furia ideológica. Lanzaron una campaña de objeción poco seguida que llegó al Tribunal Supremo. Éste resolvió en 2009 que la objeción era ilegal ya que la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa, sin que deba considerase monopolio de los padres y de las iglesias. Esta asignatura es similar a la que se imparte en otros países europeos, con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos, con autonomía de juicios morales y comprometidos con su sociedad y su tiempo.
Segregación por sexo en centros concertados que reciben fondos públicos, algo que promueven organizaciones ultraconservadoras. Tiende a mantener las desigualdades de género, ya que no obedece a razones pedagógicas, sino al diferente papel social que adjudican a hombres y a mujeres. En toda Europa, las escuelas públicas son mixtas, excepto algunas en Inglaterra e Irlanda. Y es una burla argumentar con un convenio de la UNESCO de 1960 que está muy por detrás de nuestra Constitución y pensado para asegurar la escolarización de las niñas en países que la niegan.
Aumento de los conciertos y de las trasferencias de fondos públicos hacia la red privada-concertada, mayoritariamente católica. Un grave paso en esa dirección es que se suprime la garantía de ofertar plazas escolares públicas. No se le puede prohibir crear centros privados a ningún empresario, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

En resumen, las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero nada obliga a que dicho derecho deba garantizarse inserto en la educación formal, debiendo desarrollarse en el ámbito no formal, por pertenecer al ámbito privado de la familia.

Pero el poder de la iglesia es tan escandaloso que ha llevado a organizaciones como Europa Laica a denunciar la “confesionalidad” del Estado y el trato de favor recibido por la iglesia por los diferentes gobiernos. Prueba de los privilegios de la iglesia católica es que en 2011 recibió 11.337 millones de euros de forma directa o por bonificaciones y exenciones de impuestos. La mayor partida es precisamente para educación: 4.610 millones de euros para la financiación de centros concertados y destinados a los sueldos de profesores de religión. Ahora, el PSOE dice que con motivo de la LOMCE se va a replantear el Concordato de 1979, firmado a espaldas del Parlamento y sin el consenso constitucional. A ver si es verdad, porque ellos son también responsables de la situación: no denunciaron los acuerdos con el Vaticano cuando podían y ni siquiera lo tienen en el programa electoral.

Defendía Condorcet en 1792, que entre los principios de la educación pública debía de estar la laicidad del currículo y la separación de la escuela de la iglesia y de los poderes. Esas ideas ilustradas y revolucionarias se extendieron por toda Europa y aquí en España tuvieron dificultades por el conservadurismo político y religioso. Varios siglos después caminamos hacia atrás. Desgraciadamente, el asunto de la religión en general y de la religión en la escuela es una de las banderas que la iglesia y la derecha ha utilizado contra la modernización del país e, incluso, contra la democracia.

Marta Mata, pedagoga, y cristiana, hablaba muy claro sobre el laicismo: “laico es lo que corresponde al terreno de lo humano, no de lo divino”. Laicismo y democracia para ella eran sinónimos. La mezcla del poder temporal y divino se resquebrajó con la Ilustración y la Enciclopedia, y se hablaba de una sociedad regida por los Derechos de los Ciudadanos y basada en la Ciencia que ha logrado la Humanidad. Los dogmas, sean del tipo que sean, deben quedar fuera del ámbito escolar. La Escuela Laica no es antirreligiosa, simplemente defiende unos valores morales que puedan ser de todos y para todos. Que la religión esté dentro de las escuelas es un privilegio de la iglesia católica que no se menciona en la Constitución Española.
(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.

Agustín Moreno en Cuarto Poder

Nadie ha dibujado mejor que Eneko lo que supondrá la LOMCE


¿Hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades?

La LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino el rechazo más airado de la comunidad educativa, como se ha puesto en evidencia en múltiples movilizaciones.

Como son maestros de la neolengua hablan de “calidad” e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o científico. Pero su verdadera esencia es mandar el mensaje de que “hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades”. Porque lo cierto es que no están dispuestos a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática. No quieren la mezcla social entre los hijos de familias de diferente estatus socioeconómico.

Y porque se someten a los intereses mercantilistas: la educación es un negocio que a nivel mundial supone un pastel de 2 billones de dólares y que en España obtuvo casi 700 millones de euros de beneficios según los últimos datos del INE. Por todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado el gobierno del PP es seguir trasfiriendo recursos del sector público al privado y pasar del 3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de euros menos al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de nuestro entorno.

Durante la democracia se lograron importantes avances en el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. Estas conquistas están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.

La educación pública española, por los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa dirección.

- Segregación, con diversos itinerarios que supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común por tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje, la Formación Profesional Básica y los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segregue más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. También convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad aún más clasista.

- Confesionalidad, que nos retrotrae al nacionalcatolicismo, con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos.

- Privatización y fortalecimiento de los conciertos privados, al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva creación. De esta forma se refuerza la doble red que crea discriminación, dándose la paradoja de que entre todos financiamos a quien más tiene, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.

- Menor democracia. Se reducen las competencias de los órganos colegiados y de la comunidad educativa, reforzando el poder y el clientelismo de las direcciones de los centros

La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con conciertos para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de profesores nativos o publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas.

Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el ministro más desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su gestión, que no puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de futuro. Porque una ley superideologizada, sectaria no ha conseguido ningún apoyo, excepto el de los obispos. Nadie la respalda en el parlamento, ni el profesorado, las familias, los estudiantes o los expertos en educación. Por ello, será una ley de muy corto recorrido y frustrante, que acabará en el mismo momento en que se produzca un cambio político progresista.

Es más, probablemente, junto al rechazo al austericidio, a la privatización de la sanidad o a la reaccionaria reforma del aborto, será uno de los elementos que más contribuyan al cambio político. Entre el profesorado, las familias, el alumnado y la ciudadanía que forma el movimiento de la Marea Verde en defensa de la Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más la convicción de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo. Para asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus habitantes.


Agustín Moreno. Profesor de secundaria

Publicado en Público.es

domingo, 19 de mayo de 2013

Regreso al pasado


El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderación y el consenso, tal y como exigía el ambicioso propósito de reforma de la enseñanza del que partió para corregir los defectos del modelo actual. La reforma que quiere aprobar gracias a la mayoría absoluta indica que, en capítulos destacados, el Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia católica y de sectores radicalizados de la derecha.

Con la nueva ley, la religión católica recupera una posición de privilegio en el sistema educativo al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtención de becas. La Iglesia quiere frenar así el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez más secularizada. Se elimina la Educación para la Ciudadanía al tiempo que se crea una materia sobre “valores” de perfiles no definidos. El proyecto de ley refuerza además las posiciones de los centros religiosos concertados, en detrimento de la red pública, y blinda la posibilidad de que se pueda separar a los alumnos por sexo sin que los centros que lo hagan dejen de financiarse con fondos públicos. El propósito que anima al Gobierno queda claro cuando, allí donde la actual normativa indica que el Estado garantizará a los españoles una plaza escolar pública, se limita ahora a garantizar simplemente una plaza.

También recorta la capacidad de decisión de las autonomías al fijar con mayor amplitud las materias troncales, con la idea de reforzar una determinada idea de España en las comunidades con una cultura propia diferenciada. La solución por la que Wert ha optado para garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña no solo augura un conflicto con las autoridades catalanas, sino una dificultad de aplicación; porque al garantizar que pagará la escolarización en castellano de los alumnos que lo soliciten en un centro privado, parece ignorar que en la mayoría de los centros privados catalanes la lengua vehicular no es el castellano, sino el catalán.

Con la nueva ley, profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisión, pues allí donde hasta ahora tenían una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minoría frente a la Administración. Finalmente, pero no es lo menos importante, con el nuevo sistema de itinerarios en 3º y 4º de la ESO se corre el riesgo de que se instale en la práctica un mecanismo de segregación de los alumnos más desfavorecidos socialmente. La articulación de un potente sistema de formación profesional es, sin duda, una asignatura pendiente desde la Transición: el proyecto del Gobierno proclama su propósito de conseguirlo, pero para ello hace falta algo más que intenciones. La nueva ley, ideologizada en sus postulados, queda ahora confiada al mecanismo de la mayoría absoluta.

sábado, 18 de mayo de 2013

Los siete suspensos de la ‘ley Wert


Manifestación contra la LOMCE

El proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), enviado este viernes a Las Cortes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye varias modificaciones de calado en el actual marco en vigor, la LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de su tramitación parlamentaria, la séptima reforma educativa de la democracia prevé, entre otras cuestiones, que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal; mantiene con un ligero matiz respecto a su borrador los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y establece tres evaluaciones externas, una suerte de reválidas –en los casos de ESO y Bachillerato– que, según algunos expertos, provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones.

Además de los citados, los siguientes son algunos de los puntos clave del proyecto analizados por reputados sociólogos, expertos en didáctica y legislación educativa:

1. LA RELIGIÓN SALE REFORZADA Y SE ELIMINA CIUDADANÍA


El proyecto de la LOMCE incluye Religión como una materia más que computará para la media igual que lo hará su alternativa –que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria–. Esta es una de las sorpresas que reservaba la polémica 'ley Wert' y supone la aceptación de una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal. Al mismo tiempo, la futura ley suprime Educación para la Ciudadanía. La eliminación de esta materia es para Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, la evidencia de que el PP no cree en "valores sociales éticos o cívicos como la democracia o el pluralismo".

Si no hay cambios en la tramitación parlamentaria, Religión "será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales", según afirmó el titular de Educación, José Ignacio Wert. Hasta el momento sí era evaluable, si bien no era computable para la media que permite el acceso a la universidad o a becas y ayudas. Su calificación sí aparecía en el expediente y también contaba para repetir curso. De esta forma, el Ejecutivo hace caso a medias al órgano consultivo del Estado que criticó la desaparición de cualquier traza de asignaturas "de formación ético-cívica" y pidió una materia "obligatoria" en este sentido al considerar que Valores no era suficiente para sustituirla porque los alumnos tendrían que elegir. Al hacer que ambas no sean excluyentes no hay tal disyuntiva.

Aunque con más o menos obstinación, todos los expertos consultados coinciden en que esta modificación es un "paso atrás". "Es un exceso total. Lo razonable sería sacar todo elemento confesional de la escuela", analiza Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de la Complutense.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA

Para justificar la reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría desplegó una batería de indicadores "negativos". Entre ellos, una tasa de paro juvenil del 57% o el hecho de que el 23,7% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, un porcentaje sólo superado por Israel, según sus palabras. A su juicio, estas malas cifras se han producido a pesar de que "la inversión en educación está muy por encima de la media de la OCDE y Unión Europea". Según explicó, España destina 10.094 dólares al año de gasto público por cada alumno en la educación pública, un 21% más que la OCDE y la UE.

Como remedio a estos malos datos, Sáenz de Santamaría aludió a la apuesta por los conocimientos instrumentales; la flexibilización de los itinerarios o la incorporación de las pruebas de evaluación externa. Sin embargo, expertos críticos recuerdan que esta ley llega en un contexto de duros recortes –más de 6.700 millones desde 2010– y ante un panorama futuro todavía más oscuro, pues la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. "Estos datos, que no se puede negar que son muy malos, son consecuencia de la falta de tejido industrial, de las escasas oportunidades que existen para la creación de empleo o de la exigua inversión en educación", cree Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidade da Coruña. "Es absurdo querer hacer más con menos", añade Rodríguez.

3. ADELANTO EN LA ELECCIÓN DE ITINERARIOS

El texto aprobado por el Gobierno este viernes también pasa de puntillas por los cambios en los itinerarios que adelantan la elección de alternativas diferentes a la Secundaria. Ha sido uno de los aspectos más criticados por su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. En cuarto de ESO los alumnos tendrán que elegir entre una vía académica y otra profesional. Es lo que el Gobierno define como "flexibilización de la trayectorias". Sindicatos y organizaciones en defensa de la educación pública como Soy Pública consideran, sin embargo, que esta medida tiene como objetivo "segregar a los alumnos" y "no aspira al éxito de todo el alumnado".

Carabaña, sin embargo, cree que el adelantamiento en la elección de itinerarios no va a introducir diferencias notables en el sistema. A su juicio, la diversificación de las trayectorias es una práctica que se ha permitido desde la LOGSE -vigente desde 1990-. Sólo será positivo, a su juicio, si permite que aquellos estudiantes que antes eran "expulsados" del sistema tras no lograr el título puedan permanecer a través de otras vías. Los sectores críticos temen que ocurra todo lo contrario, que los alumnos con más dificultades acaben dejando las aulas y bajen así las tasas de fracaso escolar.

4. PRUEBAS EXTERNAS

Otra de las líneas generales que mantiene el texto aprobado este viernes son las reválidas que el Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Si tras la tramitación parlamentaria este aspecto no cambia los alumnos realizarán su primera prueba cuando acaben sexto de Primaria. Aunque esta no tendrá carácter eliminatorio sí constará en el expediente. La segunda prueba, que tendrá lugar en cuarto de ESO, sí tiene cadrácter excluyente y contará un 30% frente al 70% del total de la Secundaria. Si el alumno no aprueba, no podrá obtener el Graduado Escolar. Se eliminará la actual Selectividad, el criterio de acceso a cada universidad será definido por cada centro y para obtener el título de Bachiller también será necesaria la superación de una nueva "reválida".

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles, sí es partidaria de este método de calificación. En un texto titulado"Manifiesto para mejorar el rendimiento del sector educativo en España" que suscriben decenas de sus miembros, el colectivo de economistas señala que "al final de la educación primaria y secundaria deberían existir pruebas estandarizadas cuyos resultados tengan consecuencias académicas, incluyendo mayores posibilidades de elección de centros y programas especiales para los alumnos con mejores resultados".

Docentes como Rodríguez o Torres creen que esta medida provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones. Carabaña, por otro lado, advierte del "peligro" de orientar las enseñanza hacia esas pruebas, si bien cree que pueden tener de positivo el hecho de que se acabe con la situación actual, en la que un título similar se concede por criterios muy dispares según donde se estudie.

5. MODIFICACIONES EN EL CURRÍCULO

Un aspecto que tampoco ha cambiado es el reparto de competenciasentre el Ejecutivo y las Comunidades para fijar los contenidos curriculares. El Gobierno central fijará el 100% de los temas de asignaturas como Matemáticas, Lengua y Literatura castellanas o Ciencias Sociales y Naturales. En la ESO, además, esa normativa afecta a la materia Geografía e Historia, con lo que la Historia propia de cada autonomía quedaría fuera de la obligatoriedad. Si el proyecto se aprueba finalmente en los términos que se conocen, el Gobierno fijará el currículo básico del 55% del horario escolar en las comunidades con lengua cooficial y un 65% en las que no la tienen. "Los contenidos de las materias troncales estarán indicados y evaluados desde fuera de las autonomías. Es proceso de recentralización brutal", estima el catedrático Torres. Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación, cree, sin embargo, que esta modificación es consecuencia de "una disputa política que no tiene nada ver con la calidad de la enseñanza. Tiene que ver con la disputa de que si las escuelas de ciertas comunidades sirven al independentismo o al nacionalismo español".

El proyecto también establece el "refuerzo en todas las etapas" del "aprendizaje de materias instrumentales" como Lengua o Matemáticas. Asociaciones como Soy Pública denuncian que, con esta medida, lo que se pretende es "eliminar asignaturas más creativas" como música y artes plásticas. En la misma línea, José Gimeno Sacristán, catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia, considera un "error" que materias de tipo expresivo vayan a "perder terreno" tal y como recoge la futura norma. "Educar no es sólo enseñar y enseñar no es sólo impartir Lengua y Matemáticas", subraya.

Carabaña, por su parte, cree que "no tiene utilidad" dedicar más esfuerzos a las llamadas materias instrumentales. A su juicio, en las escuelas sí se debería intensificar la enseñanza de lenguas extranjeras o economía.

6. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

El refuerzo a la autonomía de los centros está basado, según los críticos, en la competencia entre ellos. De hecho, la "rendición de cuentas" es un concepto al que aludieron tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro en la presentación del proyecto. Los críticos con la LOMCE censuran que este proyecto da un poder "desmedido" al director para elegir al profesorado y "suprime" las competencias del Consejo Escolar al considerarlo sólo un órgano consultivo que pierde toda su capacidad para decidir sobre los proyectos educativos, los presupuestos o los procesos de admisión de alumnos.

Sin embargo, colectivos como Fedea sí han defendido tesis similares a las que expone la futura ley. "Los profesionales deben ver recompensados los resultados conseguidos por sus alumnos tanto para lograr su acreditación profesional como para su progresión profesional posterior. Los directores de centro deben tener mayor independencia para configurar sus plantillas y sus estrategias docentes, de nuevo, siempre sujetos a la verificación externa de los resultados conseguidos", puede leerse en su manifiesto sobre el sector educativo en España.

7. BLINDAJE PARA LA SEGREGACIÓN POR SEXO

El Gobierno ha introducido en la ley una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de Estado, en un informe no vinculante, había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad.

Esta modificación, encaminada a satisfacer las recomendaciones del órgano consultivo del Estado, también ha sido muy criticado por los docentes agrupados en el Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país, que consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género".


Helena Herrera. Publicado por InfoLibre

LOMCE, una anti ley educativa entre el neoliberalismo más salvaje y el nacionalcatolicismo más rancio.




Manifiesto “Paremos la LOMCE”

- Vulnera la igualdad de oportunidades.

- Excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.

- Permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia.

- Atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores.

- Desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros.

- No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores sumisos.

- Suprime la democracia participativa.

- Ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias.

- Desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país.

La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del proyecto de la LOMCE, y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que solo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe tener la Educación.



La aprobación de la LOMCE como proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del 17 de Mayo de 2013 nos ha dejado estos titulares:

jueves, 16 de mayo de 2013

Réquiem por la Escuela Pública



El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha confirmado este jueves que el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes al proyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que será enviada a continuación a las Cortes para ser debatida y aprobada. La aprobación del texto por parte del Gobierno estaba inicialmente prevista para el pasado viernes, pero las manifestaciones protagonizadas por la comunidad educativa el día anterior y las presiones recibidas por Wert para que corrigiera algunos de los aspectos más polémicos de su propuesta, llevaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a ordenar su aplazamiento.

Pese a que el Ministerio de Educación aseguró entonces que se trataba de enmendar "pequeños flecos", otras fuentes aseguraron que el sistema de financiación de la reforma educativa había sido criticado por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Desde Catalunya, el mismo partido había enviado una propuesta propia para matizar el modelo lingüístico y respetar (con excepciones) la actual inmersión língüística.

Wert ha confirmado que la LOMCE será vista mañana por el Consejo de Ministros tras una reunión de ministros de Educación y Cultura de la Unión Europea celebrada este jueves en Bruselas.

Continúan las agresiones y difamaciones de la Consejería de Educación y del gobierno regional


  • CCOO se querella contra la consejera Figar por acusar al sindicato de mercadear con la huelga de Educación
  • Hay paros convocados hasta el 23 de mayo en protesta por el cambio en los criterios de selección, que permitirán, según los sindicatos, "elegir a dedo" a numerosos docentes.
  • La Ley Wert prevé que el director del centro pueda establecer requisitos específicos o vetar la incorporación de interinos de la lista general





Figar ironiza con que la huelga "política" la han seguido "los de siempre"

CCOO se querella contra Lucía Figar. 

El sindicato se fundamenta en un teletipo de la agencia Efe de este lunes, en el que se afirmaba que la consejera aseguró "que los sindicatos le ofrecieron desconvocar la huelga de la educación a cambio de más financiación para los sindicatos y quince liberados sindicales más”. Según la central, que exige una rectificación, "es una agresión sin precedentes, miente con la pretensión de atentar contra las organizaciones sindicales".

El conflicto en Educación es largo, en particular con los interinos. Han protestado, han hecho una huelga de hambre forzada en la Consejería de Educación, se han encerrado en la catedral de la Almudena y ahora dejan las aulas durante cinco días. Los profesores interinos de Madrid siguen en pie de guerra contra los nuevos criterios de selección que ha adoptado unilateralmente la Comunidad y que permitirían, según denuncian, elegir "a dedo" a parte de los docentes de Secundaria. El martes han comenzado una serie de paros que se extenderán hasta el 23 de mayo. En la región hay más de 6.000 interinos, un 12% del profesorado.

Mientras el 9M la marea verde salía a la calle en un día de huelga general en la Educación, el gobierno de Ignacio González aprobaba el polémico decreto que modifica los baremos para acceder a una plaza como interino. Si hasta ahora en la nota para acceder a la lista primaba la experiencia y la formación (con un 46,8 y un 16,1%, respectivamente) en el nuevo sistema el examen de conocimientos es lo que más cuenta: un 80%. Los sindicatos creen que así "se expulsa a miles de docentes muy cualificados" del sistema. "Curiosamente muchos de ellos suman trienios en sus sueldos", apunta Isabel Galvín, de CC OO Madrid. 

Un cambio avalado por la Ley Wert

La consejería defiende que el cambio responde a una "exigencia de calidad educativa", y reitera que no permitirá que profesores que no hayan aprobado el examen puedan dar clase. "Esta regulación dará como resultado una lista insuficiente, y no está claro cómo se va a seleccionar a los profesores que falten", contrapone Emilia Sánchez, representante de los interinos de UGT. Madrid ya ha contratado de forma directa, sin pasar por oposición, a profesores nativos de inglés para impartir clases en los colegios bilingües públicos. Esta decisión está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por el ministro José Ignacio Wertprevé una cierta liberalización de las contrataciones. Según el texto remitido al Consejo de Estado, los directores de los centros tendrán libertad para "establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad" e incluso para "rechazar […] la incorporación a puestos de interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas".

Convocada por la mesa sectorial –UGT, CC OO, ANPE, STEM y CSIF– la huelga está prevista para hoy y el 21, 22 y 23 de mayo. El martes, primer día de paros, tuvo un 25% de seguimiento según los sindicatos y apenas un 7% según la Comunidad. El presidente autonómico, Ignacio González, ha asegurado que las movilizaciones de la enseñanza no están motivadas por recortes, sino por los cambios "necesarios" realizados para garantizar que los profesores "sepan la asignatura que van a dar", y ha criticado que la regulación anterior permitiera que sólo el 13% de quienes se presentaron a las pruebas fueran capaces de completarlas "con menos de cinco faltas de ortografía". Los sindicatos han acusado al Gobierno de Madrid de difamar a los docentes al hacer público un informe que han calificado de "sesgado, incompleto y tendencioso" en el que se ponían ejemplos de respuestas erróneas de los candidatos a opcupar una plaza de profesor interino en centros públicos.

Publicado en ElDiario.es

martes, 14 de mayo de 2013

Qué hay detrás del informe "fantasma" de Figar y el decreto de interinos



El supuesto informe elaborado por la Consejería de Educación (supuesto porque nadie salvo la propia administración madrileña ha tenido acceso a él) no es sino un paso más en la campaña de desprestigio docente puesta en marcha desde hace años por la Comunidad de Madrid.

Los ideólogos neoliberales buscan la privatización de los servicios públicos a través de una serie de estrategias como son degradarlos y encarecerlos, o bien mediante la promoción de campañas de comunicación para extender la idea de que la gestión privada es más rentable y eficiente que la pública. En la educación, además, al igual que sucede con la sanidad, se afanan en defender los intereses de los centros privados, degradando los públicos a la vez que se procuran subvenciones y privilegios públicos para los centros privados. Es el caso de las desgravaciones en la enseñanza privada que introdujo la siempre pionera en privatizaciones Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, o el fraude de ley del cobro de cuotas en las escuelas concertadas que no nos cansaremos de denunciar.

La campaña de difamación y desprestigio de los docentes es en este caso claramente intencionada y posee una doble función: allanar el camino al cambio de sistema de acceso a la docencia que las comunidades están intentando implantar en la actualidad –que expulsará a gran parte del profesorado interino que desde hace años trabaja en ellas–; y con ello, facilitar la entrada en vigor de uno de los mayores disparates de la LOMCE: la selección del docente a dedo por el partido de turno.

En el caso concreto del informe fantasma de Educación de la Comunidad de Madrid, se recurre a todo tipo de manipulación estadística para que la realidad se ajuste a lo deseado: se seleccionan respuestas erróneas llamativas, que proporcionalmente sobre el total son anecdóticas, y se hacen pasar por la norma general; no se publican el informe ni las puntuaciones, ni tampoco el baremo de corrección (es una oposición, no un examen de facultad, obviamente se puntúa mucho más bajo y se exige mucho más para aprobar, en función del número de plazas).

En el caso de la escuela pública, el afán por desprestigiar a los docentes posee además el interés añadido para la administración de poder controlar ideológicamente al profesorado. El acceso a la función docente mediante una oposición objetiva de méritos en igualdad de oportunidades se contrapone al sistema de elección del profesorado que propone la LOMCE: esto es, que el director de cada centro, elegido por la administración, seleccione a dedo a los docentes más afines a su ideología, lo que significa que en las aulas darán clases, no los mejor capacitados, sino los que comulguen con el ideario instalado en el poder.

Es en este marco en el que debemos contemplar el radical cambio que pretenden introducir en la selección del profesorado. Al dañar la imagen del profesorado se transmite la idea de que el actual no sirve y, por tanto, tampoco vale el sistema de selección. No hay duda de queel cambio propuesto en el acceso a la función pública del profesorado se hará extensible al resto de empleados públicos.

Las listas de profesores funcionarios interinos son un obstáculo como lo es la misma competencia en igualdad de oportunidades. Al eliminar las listas de interinos con la nueva baremación, los gobiernos de las comunidades autónomas abren la puerta a la elección a dedo de los profesores, a la entrada de ETT en el negociete de lo público, al profesorado voluntario no remunerado (como ya se le ha ocurrido implantar a Cospedal en Castilla-La Mancha), etc.
Cuando las listas de interinos se agoten la administración podrá contratar a dedo y a través de empresas y ETT amigas

Con el actual sistema de acceso (sin duda mejorable), los profesores que aprueban la fase de exámenes pero no consiguen plaza –por escasez de las mismas, falta de méritos, etc.– se convierten en profesores interinos. Pasan a una bolsa de trabajo con la que se cubrirán a lo largo del curso todas las vacantes que no se han sacado como plazas y las sustituciones de personal que surjan a lo largo del curso. Esta bolsa de trabajo se ordenaba hasta ahora con un sistema mixto que valoraba tanto la nota en el examen como la experiencia docente, méritos académicos, etc. Este sistema mixto procura estabilidad a profesorado y alumnado, pues evita la rotación del personal; tiene sentido puesto que son miles los puestos docentes que surgen a lo largo del curso. Sin la formación de una bolsa, ¿cómo se cubrirían?

El nuevo sistema de acceso que quieren implantar es mucho más estricto y sólo prima la nota de examen, minusvalorando la experiencia en una profesión como la docencia. ¿Con qué fin? ¿Para elegir mejores profesores para nuestros hijos? No exactamente. El nuevo sistema dejará las listas de interinos muy reducidas, prácticamente aprobará sólo quien vaya a conseguir plaza. ¿Y el resto? Unos pocos pasarán a las listas de interinos, que se acabarán pronto, a comienzos de curso. He aquí la cuestión importante: cuando las listas de interinos se agoten la administración podrá contratar a dedo y a través de empresas y ETT amigas. El nuevo sistema no busca sustituir a los profesores actuales por unos mejores sino por otros elegidos en función de criterios subjetivos, es decir, a dedo.

Publicado en DIAGONAL

Conoce el CIE Verbena de Leganés. Otro de los centros educativos públicos que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a cerrar el curso que viene

lunes, 13 de mayo de 2013

STAR WERT: La LOMCE contraataca

El horizonte roto de la Escuela Pública


Sostiene Norberto Bobbio que lo que diferencia la derecha de la izquierda es su diferente actitud frente al ideal de igualdad. Siendo como somos los seres humanos tan iguales –en algunas cosas- como desiguales –en otras-, la izquierda tiende a subrayar lo que de semejantes tenemos para comprometerse en la eliminación de las desigualdades sociales. La derecha, por el contrario, parte de la convicción de que la mayor parte de las desigualdades son naturales y que, por tanto, no pueden eliminarse.

Pero a esta diferenciación “espacial” entre derechas e izquierdas, prosigue Bobbio, suele superponerse otra de carácter temporal: la que establecemos entre conservadores y progresistas. Para los primeros, es esencial la preservación del pasado, de la herencia, de la tradición. Para los progresistas, en cambio, -y cita aquí a Cofrancesco- lo prioritario es “liberar a sus semejantes de las cadenas que les han sido impuestas por los privilegios de raza, de casta, de clase, etc.” En este sentido, la palabra clave de los conservadores sería la de “tradición”; la de los progresistas, “emancipación”.

La correspondencia entre un par y otro no tiene por qué ser exacta. No lo es, en absoluto, en el ámbito educativo. Del mismo modo que hay educadores progresistas entre quienes votan a la derecha, hay muchos educadores conservadores entre quienes se dicen de izquierdas.

¿Qué diferencia a unos y otros, más allá de las caricaturas de que a menudo son objeto? El educador conservador pone el acento en la tradición cultural, en el legado disciplinar, en la importancia de transmitirlo, intacto, a las nuevas generaciones. Para que la trasmisión sea posible, es esencial –sostienen- el esfuerzo individual y la obediencia a unas normas.

Para el educador progresista lo importante no son las disciplinas sino los aprendices, así como el compromiso individual y colectivo en la transformación de un mundo esencialmente injusto. De lo que se trata, por tanto, es de cuestionar críticamente la herencia recibida abriéndola a otras voces, a otras perspectivas, a otros análisis, para que hombres y mujeres tomen las riendas de su propio destino sin acatar acríticamente una tradición a menudo construida en función de unas relaciones de poder. De lo que se trata en este caso no es tanto de transmitir individualmente un saber como de construir colectivamente un conocimiento a través de la indagación y el diálogo.

En nombre de unos principios y otros se han cometido excesos, qué duda cabe. Pero del encuentro de unos y otros podría haberse llegado a una síntesis fecunda. Lo peor que podía pasar con una nueva ley educativa era que acabara con lo más noble de una mirada y otra.

La LOMCE acaba con el anhelo conservador de preservar un legado cultural que se considera valioso: es llamativo su menosprecio de la historia, la filosofía, la cultura clásica, las artes. Solo a duras penas y tras ásperas discusiones se ha logrado hacerles al menos un pequeño hueco en el currículo escolar.

La LOMCE vacía de contenido –lo pervierte- un viejo anhelo de los educadores progresistas: el de desarrollar las habilidades y competencias que permitieran transferir los aprendizajes efectuados en la escuela más allá de las aulas. El concepto de “competencia” era, para el educador progresista, una herramienta de emancipación; para la derecha neoliberal, una herramienta de sumisión.

También acaba la LOMCE con el ideal de equidad de la izquierda –educar para la igualdad desde la diferencia- y resucita el más beligerante anhelo homogeneizador de la derecha (de ahí el carácter ferozmente recentralizador de esta contrarreforma educativa) al tiempo que dispara su convicción de que las diferencias sociales responden a un orden natural que el sistema educativo debe proteger y consagrar.

Pero lamentablemente la LOMCE no es una ocurrencia sin más del Ministro Wert. La LOMCE es la versión española de lo que los mercados y los poderes financieros pretenden de la educación: convertirla en un producto de consumo a merced de la capacidad adquisitiva de las familias (y por tanto, una tarta apetitosa para quienes buscan un nuevo nicho de mercado), y una mera fábrica de futuros trabajadores.

En la nueva ley de educación se deja de lado el desarrollo integral de las personas y la formación ciudadana. Lo único que interesa es formar lo que los mercados demandan: reducidos “polos de excelencia” de trabajadores altamente cualificados y un 80% de mano de obra dócil y versátil, para la que solo es necesario el dominio de una serie de “competencias básicas” (lectoescritura, cálculo e inglés). De ahí el carácter mercantilista de la ley; de ahí su carácter terriblemente segregador. De ahí, también, que se haya forjado de espaldas a toda la comunidad educativa.

La LOMCE acaba, en definitiva, con lo que constituía el horizonte de quienes creemos en la educación pública, en la educación a secas: el de contribuir a través de la equidad a mayores cotas de igualdad: no desde la homogeneización sino desde el reconocimiento de la diferencia. Aquel anhelo de una escuela inclusiva, coeducativa, intercultural, laica, democrática, quedaba lejos, es cierto, muy lejos; pero hacia él poníamos rumbo quienes creemos en el valor emancipador de la educación.

La LOMCE rompe el horizonte de la escuela pública y secuestra el lenguaje de la sociedad civil para vaciarlo de sentido y resignificarlo a su antojo. Palabras como “calidad”, “libertad”, ”autonomía” son en la LOMCE lo contrario de lo que por ellas entendemos en la calle. La LOMCE no se sostiene: la falta de un diagnóstico serio, la manipulación interesada de los datos, la negación de las evidencias pedagógicas más elementales hacen de ella una ley que lejos de ofrecer soluciones a los muchos e innegables problemas que nuestro sistema educativo tiene, lo único que va a hacer es aumentarlos exponencialmente. Baste con un ejemplo.

Hoy hablamos al fin de inteligencias múltiples. Howard Gardner definía la inteligencia como un conjunto de ocho capacidades a través de las cuales conocemos el mundo. De estas inteligencias múltiples que nos permiten desarrollarnos como personas (inteligencia lingüísico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal) la escuela ha privilegiado tradicionalmente unas en detrimento de otras. Y lo que es más grave, a menudo ha considerado la inteligencia como algo innato en lugar de una capacidad que se desarrolla (o no) en función del contexto. ¡Claro que hacía falta por tanto una reforma educativa que ampliara el espectro de lo que por educación entendemos, para dar cabida a todas estas inteligencias y favorecer el aprendizaje recíproco entre quienes nos aproximamos al mundo de una u otra manera! Esto sí que hubiera sido una verdadera reforma educativa.

Pero la LOMCE recupera la retórica del talento en su acepción innatista: de la misma manera que antaño se medían los cráneos para justificar científicamente las desigualdades sociales, ahora se habla de la diversidad de talentos para justificar el “canalizar a los estudiantes” (¡sic!) a unas u otras trayectorias cargándose lo que había sido una larga y costosa conquista social: la educación comprehensiva hasta los 16 años.

En una ley puesta al servicio de los mercados solo vale lo que estos demandan. Lo que la Ley Wert llama evaluación externa cumplirá la doble función de controlar el currículo (porque condicionará lo que se hace y lo que no se hace en las aulas en función de unos criterios establecidos, en última instancia, no por la ciudadanía sino por organizaciones de corte exclusivamente economicista como la OCDE), y de cedazo con el que seleccionar a unos y desechar a otros. Alguien, además, se lucrará con este negocio.

Estos exámenes externos, realizados por quienes no conocen de nada a nuestras hijas e hijos, sucederán al acabar 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. En estos dos últimos casos su nombre más apropiado es el de reválida, puesto que quien haya aprobado la ESO o el Bachillerato, si suspendiera la reválida, no obtendría el título correspondiente a la etapa. ¿Y vamos a consentirlo?

Quienes defendemos hoy la educación de la depredación de los mercados no lo hacemos desde la complacencia. Somos muy críticos con la escuela que tenemos. Claro que hace falta abrirla a las inteligencias múltiples, conferirles más autonomía (es decir, más gestión democrática), incrementar la calidad (según indicadores establecidos por la sociedad civil, no por intereses espurios), establecer procesos de evaluación que señalaran áreas de mejora (y no más y más exámenes para el alumnado), y una libertad acorde con los principios de equidad y de solidaridad (porque cuando no hay igualdad, la libertad es el disfraz del privilegio).

La LOMCE, en fin, nos aleja del noble anhelo de una escuela verdaderamente coeducativa: no solo porque maestras, y alumnas, y madres estén ausentes de todas y cada una de las páginas del anteproyecto. No solo porque se acepte sostener con fondos públicos a centros que segregan por sexo. Sino también y sobre todo porque una vez más pretende imponernos como incontestables los modelos y valores de masculinidad más rancia: el de la competitividad y el ranking, el del éxito y el fracaso, el “yo gano, tú pierdes.”

No queremos enmiendas ni maquillajes, retoques de última hora. Lo que exigimos es, simple y llanamente, la retirada de una ley perpetrada por quienes poco o nada saben de educación.

Guadalupe Jover es profesora de educación secundaria y socia de Ciudadan@s por la Educación Pública

Publicado en EL PAÍS

viernes, 10 de mayo de 2013

La Plaza en Llamas programa de TV de Canal 33, dedicó ayer su tertulia a la Huelga General de Educación del 9M

La mujer de Botín, Samsung, Pearson y el negocio de las Tablets, los libros de texto digitales y la gestión educativa.


Paloma O' Shea, 
la mujer de Emilio Botín, (Fundación Albéniz, Empieza Por Educar, Banco de Santander) la empresa editorial y de evaluación externa Pearson y la firma Samsung tienen un negociazo entre manos: la digitalización de los libros de texto, la venta de Tablets y pizarras digitales y el control de los contenidos, la gestión educativa (formación, comunicación profesorado/familias, evaluación externa etc.) http://www.universoidea.com

¿Qué hay detrás de iDEA?

http://blog.universoidea.com/page/3

¿Trata el proyecto iDEA de mejorar la Educación o es un intento más por abrir jugosos nichos de negocio educativo para sus empresas? ¿Qué hay en realidad detrás del proyecto iDEA
¿Es todo tan bonito como lo pintan o es este el preámbulo del desembarco de estas empresas en las aulas donde han descubierto grandes oportunidades de lucro? ¿Es posible una gestión pública de la digitalización de las aulas, el uso de contenidos gratuitos y plataformas de software libre o la Consejería de Educación abre paso con este proyecto al negocio corporativo y al beneficio empresarial por encima de la inversión racional y de la mejora educativa integral?

http://blog.universoidea.com/page/3


http://www.universoidea.com

El País: El instituto en la tableta

20 Minutos: La Fundación Albéniz, Pearson y Samsung apuestan por la educación digital con la plataforma Universo iDEA


El País: Una herramienta digital educativa con vocación integradora

Todo lo que siempre quiso saber sobre la LOMCE pero nunca se atrevió a preguntar



Hemos recopilado algunas lecturas imprescindibles para conocer las claves de la contrarreforma educativa desarrollada e impuesta por el Partido Popular y que previsiblemente se aprobará a finales del mes de mayo de 2013 pese al rechazo unánime de la Comunidad Educativa.
Si no quieres ser como ellos... lee.

Manifiesto por otra política educativa.

http://www.leadquaed.com/docs/LOMCE/Manifiest.pdf

Libro verde de la reforma educativa. Profesores de Alcalá.


http://profesoresdealcala.es/blog/wp-content/uploads/2012/11/Libro-Verde.pdf

Análisis y propuestas de CC.OO. sobre la reforma educativa.

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1633929-Libro_verde.pdf

Yo estudié en la pública (Diversos artículos sobre la LOMCE y otros temas de actualidad educativa.)

http://www.yoestudieenlapublica.org/aula.php

11M: Marcha nocturna en defensa de la Educación Pública (22:00 hrs Ministerio de Educación-Tribunal Constitucional)